La declaración de utilidad pública, o DUP, reconoce que un proyecto presenta un interés general suficiente en vista de sus costes y de sus perjuicios. Generalmente va precedida de una información pública.
Una DUP puede permitir la expropiación de los terrenos indispensables para el proyecto. No sustituye a todas las demás autorizaciones, en particular las medioambientales.
La administración debe sopesar las ventajas del proyecto frente a sus inconvenientes, su coste financiero, sus efectos sociales, sus perjuicios a la propiedad y sus impactos medioambientales.